En el libro The hacker crackdown[9], escrito por Bruce Sterling, se relata una persecución de hackers ocurrida en 1990 y 1991 en Estados Unidos, y que dio origen a la Electronic Frontier Foundation. Lo curioso de estos hechos es que la caza de hackers comenzó como una operación de imagen de determinados fiscales y policías, obsesionados con cerrar publicaciones electrónicas como PHRACK. El resultado final no pudo ser más nefasto para sus carreras profesionales, para gloria de John Perry Barlow y la Electronic Frontier Foundation. Bruce Sterling lo contaba así:
La publicidad también ha servido a los intereses de los amigos de los cuerpos de seguridad del estado y de la administración de justicia. Les encanta atraer el interés del público. Una causa sobre un caso de vital interés público puede lanzar la carrera de un fiscal. Y para un policía, una buena publicidad despierta el interés de los superiores; puede suponer una mención, un ascenso, o al menos un alza del status y el respeto ante los compañeros. Pero conseguir a la vez publicidad y confidencialidad es como querer guardar un pastel y a la vez comérselo. En los meses siguientes, como veremos, este acto imposible causaría grandes dificultades a los agentes responsables de la caza. Pero al principio, parecía posible -quizás incluso deseable- que la caza pudiera combinar con éxito lo mejor de ambos mundos. La detención de hackers sería ampliamente publicitada. Los motivos de su detención, que eran técnicamente difíciles de explicar y cuya explicación podía poner en peligro la seguridad, permanecerían sin aclarar. La amenaza que suponían los hackers sería propagada a los cuatro vientos; las posibilidades reales de cometer tan temibles delitos se dejarían a la imaginación de la gente. Se daría publicidad a la extensión del underground informático, y su creciente sofisticación técnica; los auténticos hackers, la mayoría adolescentes con gafas y de raza blanca, habitantes de suburbios de clase media, no tendrían ninguna publicidad.
Parece ser que a ningún agente encargado de telecomunicaciones se le pasó por la cabeza que los hackers acusados demandarían un juicio; que los periodistas considerarían que hablar de ellos vendía; que ricos empresarios de alta tecnología ofrecerían apoyo moral y económico a las víctimas de la caza; que aparecerían jueces del Constitucional con sus maletines y el ceño fruncido. Esta posibilidad parece que no entró en la planificación del juego.
El Hacker Crackdown creó el caldo de cultivo de la resistencia electrónica. Los defensores de los derechos civiles no podían tener mejor vacuna para afrontar los nuevos retos con los que el sistema intentaría controlar la libertad del ciberespacio. Un fenómeno que se repitió posteriormente en todos los sitios donde se intentó censurar una publicación de hackers.