¿Quién vigilará a los vigilantes? La pregunta se formuló por primera vez en latín, pero tiene la misma importancia ahora que hace 2.000 años. El poder ha de ser controlado, como ya sabían los fundadores de nuestro país cuando diseñaron un sistema de controles y equilibrios [checks and balances] en la constitución de Estados Unidos. Todo organismo dotado del poder de protegernos de los enemigos dispone asímismo del poder de hacernos mucho daño.
La policía debe poder buscar pruebas, cuando anda en pos de terroristas u otro tipo de delincuentes. Pero cuando la policía puede acceder a información acerca de nosotros con demasiada facilidad, por lo general suele abusar de su poder (Véase Cops tap database to harass, intimidate). Es vital proteger a los ciudadanos de la intrusión de la policía. En Estados Unidos, hacemos esto exigiendo a la policía que se dirija a los tribunales y consiga una orden de registro.
Hoy, las fuerzas de seguridad quieren que se les autorice a hacerse con la información acerca de las tarjetas de crédito que está disponible en sitios de Internet, sin estar obligados a conseguir una orden judicial, lo que puede reportarles informaciones tales como los libros que uno ha comprado. No se encontrarán mayores dificultades para conseguir que un tribunal conceda una orden de registro en el caso de que existan pruebas fehacientes de la existencia de una trama terrorista, de tal forma que no es preciso este cambio para que puedan investigar a los terroristas. Cada vez que la policía solicita el permiso para evitar las órdenes de registro, debemos permanecer alerta.
Dependemos del FBI para investigar a sospechosos de terrorismo, sin embargo, ¿a quién más van a investigar? Probablemente a cualquier oposición política real, habida cuenta de que el FBI presenta una larga historia de investigación de disidentes tan sólo por sus opiniones políticas. Pincharon el teléfono de Martin Luther King Jr.; al parecer, su compromiso de toda la vida con la no violencia no era razón suficiente para no considerarle una amenaza. Más recientemente, John Gilmore, fundador de la Electronic Frontier Foundation, fue investigado por el FBI como presunto autor de un delito sin más pruebas que sus opiniones políticas.
Con frecuencia, los terroristas crean organizaciones para llevar a cabo su trabajo o conseguir financiación, por lo cual es razonable perseguir a esas organizaciones y prohibir que se les aporten recursos. Sin embargo, debemos prestar mucha atención al modo en que se tacha de terroristas a las organizaciones, porque sabemos que el FBI no lo hará de modo sensato. El FBI se ha infiltrado y ha centrado sus actividades en muchos grupos políticos pacíficos ¾ en la década de 1980, mientras Estados Unidos apoyaba a un régimen en El Salvador que mató a miles de activistas de la oposición, el FBI prefirió penetrar y robar en el local del CISPES en vez de pedir una orden de registro para investigar.
¿Se atendrá el FBI a criterios de sensatez a la hora de decidir qué es un «grupo terrorista»? No, si de algo nos sirve la experiencia reciente. El 10 de mayo de 2.001, el director del FBI, Louis Freeh, en una comparecencia en el Congreso dedicada a la "amenaza terrorista en Estados Unidos" citó a Reclaim the Streets entre los grupos que suponen una amenaza terrorista. Reclaim the Streets monta fiestas en la calle por sorpresa, en las que la gente toca música y baila. Aparece descrito en el libro No Logo, de Naomi Klein, como una de las nuevas formas de protesta contra la cultura global dominada por las marcas. Nadie ha resultado muerto o herido por Reclaim the Streets. ¿Es capaz el FBI de distinguir entre bailar y asesinar?
El Fiscal General de Estados Unidos [John] Ashcroft ha solicitado el poder de expulsar a todo no ciudadano de Estados Unidos, o bien encarcelarle indefinidamente, sobre la base de la mera sospecha de implicación con el terrorismo, sin que sea preciso pasar por los tribunales. Esto supondría para los visitantes e inmigrantes de nuestro país la negación del legítimo derecho más básico, el derecho a un juicio justo ante la imputación de un delito. Pondría a Estados Unidos al mismo nivel que cualquier estado policial. El gobierno británico ya ha anunciado planes de implantación de medidas similares; no podemos dar por sentado que Estados Unidos no secundará estas medidas.
Otro forma en la que los vigilantes pueden amenazar nuestra libertad consiste en mantenernos desinformados acerca de las actuaciones del gobierno.
Hay buenas razones para mantener en secreto los métodos de recogida de información. Si los enemigos descubren que sus planes son conocidos, pueden tomar contramedidas. Pero el gobierno de Estados Unidos también ostenta una larga tradición de ocultación de información a los ciudadanos estadounidenses para impedir el conocimiento de sus errores o su maltrato de los ciudadanos. En la década de 1960, los «Papeles del Pentágono» demostraron que el Departamento de Defensa sabía que lo que éste estaba contando a los ciudadanos acerca de la Guerra de Vietman era falso. Los ciudadanos lo descubrieron gracias a que un heroico revelador de secretos [whistle-blower], Daniel Ellsberg, entregó una copia de estos documentos al New York Times.
De este modo, cuando vemos propuestas de ley encaminadas a impedir las filtraciones castigando a los reveladores de secretos, debemos escrutarlas con mucha atención y asegurarnos de que no estamos dando carta blanca a nuestros funcionarios para que se burlen de nosotros.
Si un agente del FBI solicita nuestra colaboración, ¿qué debemos hacer? El FBI investiga y detiene a terroristas. Si el FBI estuviera investigando un plan para secuestrar aviones, me gustaría ayudarles en todo lo que pudiera. Pero el mismo FBI arrestó a Dmitry Sklyarov por el presunto desarrollo de un programa que los estadounidenses pueden utilizar para librarse de los grilletes de los e-books de Adobe. Nadie debe colaborar en la investigación de semejante «delito». Si uno no sabe si un policía piensa detener a una persona por asesinato o por fumarse un porro, ¿cómo puede uno decidir cómo habrá de comportarse correctamente?
Si Estados Unidos quiere conseguir la plena colaboración de todos los estadounidenes con el FBI y la policía, debe abolir leyes que ponen grilletes y perjudican a los estadounidenses. El Congreso debería revocar la DMCA, así como la prohibición de determinadas drogas.
La prohibición de las drogas resulta especialmente autodestructiva en estos días, porque además meter en la cárcel a un de millón de estadounidenses que, de no ser así, aportarían su contribución a la fortaleza de nuestro país, subvenciona al terrorismo. La prohibición hace que las drogas ilegales se conviertan en una fuente de beneficios tan sustanciosos que distintos grupos terroristas (entre ellos, al parecer, el de Bin Laden) obtienen la mayor parte de sus fondos traficando con éstas. La política autodestructiva estadounidense sobre las drogas se ha convertido en una vulnerabilidad que no podemos permitirnos.
Durante décadas, los enemigos externos e internos vienen y van. En ocasiones el gobierno nos protege del peligro, en otras ocasiones es él el peligro. Siempre que se plantee una propuesta de aumentar el poder de vigilancia del gobierno, debemos juzgarla no sólo en función de la situación del momento, sino en función de todo el abanico de situaciones a las que nos hemos enfrentado y habremos de enfrentarnos de nuevo. Debemos utilizar al gobierno para nuestra protección, pero nunca debemos dejar de protegernos de él.
En Estados Unidos, hemos desarrollado un sistema para vigilar a los vigilantes: los jueces les vigilan de distintas maneras; los ciudadanos los hacen de otras. Por nuestra seguridad, debemos mantener este sistema en funcionamiento. Cuando los vigilantes trabajan verdaderamente para nosotros, pueden permitirse que controlemos su trabajo. Cuando nos piden que dejemos de controlarles, debemos decir que no.
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