12 de junio de 1998
Sin embargo, este espacio virtual tiene la interesante característica de ser un espacio enteramente humano: es decir, con contadísimas excepciones, todo lo que se puede encontrar en la Red es un producto humano, producto además que tiene la idea de comunicación con eje pivotal: una página que no es leída o contemplada no tiene razón de ser, de hecho, en ese ciberespacio abstracto, la misma existencia de una página web que nadie observa es un concepto problemático.
Así pues, el ciberespacio es un espacio social, poblado exclusivamente por creaciones humanas, y que tienen por premisa principal el intercambio de información. Por ello, lo más lógico es dotar a ese ciberespacio de una serie de normas, leyes, creencias y actitudes que consideramos imprescindibles en las sociedades, por así decirlo, "reales".
Ello implicaría, siguiendo el paralelismo estrictamente, la confección de leyes específicas capaces de regular los intercambios informativos en el ciberespacio. Pero las leyes no pueden dictarse sin tener algún tipo de teoría social normativa previa que nos diga que está bien o está mal, que nos permita reinterpretar cuál es el daño real de determinadas prácticas antes de pensar en su posible castigo, y en general, que nos ofrezca principios-guía desde los que construir una sociedad libre, justa e igualitaria. Y estos principios son tan válidos e importantes en el espacio físico como en el ciberespacio.
¿Es posible indicar algunos principios básicos que nos
permitan ordenar el complejo mundo virtual de Internet? ¿Podemos
plasmar un mínimo de intuiciones básicas que nos permitan
comprender los vericuetos legales y éticos de la Red? Desde Fronteras
Electrónicas España creemos que sí, que es posible,
y que pedir una armonización ética y social de las leyes
que acaben legislando Internet, no sólo es una obligación
normativa, sino que además es un principio posibilista desde el
que desarrollar una Red que no sólo sea rentable a nivel económico,
sino que también dé frutos a nivel político y social,
de forma que Internet sea un herramienta más para edificar una sociedad
justa, igualitaria, tolerante y solidaria.
Aunque nuestra agrupación conserva el nombre tradicional de "Fronteras Electrónicas", se trata exclusivamente de una reliquia histórica, pues no nos sentimos para nada identificados con ese ideario (si es que se puede hablar de "reliquia histórica" cuando hace menos de diez años de la instauración de la Electronic Frontier Foundation, aunque sea en un mundo tan cambiante como el de la Red).
Toda organización, partido político o gobierno que tenga por objetivo mejorar nuestra sociedad, además de los criterios de eficiencia y maximización de beneficios -que sin duda son importantes- deberá guiarse también por los principios de justicia e igualdad, que forman parte del ideario de cualquier organismo democrático al menos desde la Revolución Francesa.
Sin embargo, los sistemas de utilitarismo ordinalista, como el "anarquismo de derechas" de Silicon Valley o de la Electronic Frontier Foundation son sistemas nada éticos en ese sentido, pues sus principios permiten la existencia de ordenaciones sociales absolutamente injustas. Cualquier sistema que se guíe por un criterio ordinalista de justicia utiliza criterios de eficiencia u optimalidad paretiana . Es decir, una sociedad es justa sí y sólo si no puede incrementarse la utilidad de nadie, sin generar a la vez una pérdida de utilidad en al menos una persona.
Aunque a primera vista parece un criterio razonable, un sistema que sólo prima la eficiencia es injusto, pues su única petición es que los recursos estén distribuidos completamente. Así, una Red en la que un 10% de la población es capaz de asimilar el 70% de la información, mientras que el resto se ha de contentar con el 30% restante es una sociedad eficaz según criterios ordinalistas, mientras no haya ningún pedazo de información que no utilize nadie. Por el contrario, otra sociedad ideal en la que todos los ciudadanos tengan acceso al 95% de la información es ineficaz, pues todavía hay un 5% de la información que "no se aprovecha". Paradójicamente, diríamos que la segunda sociedad es mucho más justa que la primera.
En pocas palabras, una Internet justa e igualitaria implica unas normas que no tienen porque surgir espontáneamente de la libre actuación egoista de individuos, moviéndose por criterios de máxima eficiencia .
Así pues, Fronteras Electrónicas España no aboga en ningún momento por la anarquía digital. Más bien es al contrario: conscientes de cómo una anarquía digital guiada por los intereses egoistas de sus participantes puede conducir a situaciones claramente injustas y no igualitarias, consideramos que la existencia de normas y reglas es vital para el funcionamiento de Internet.
Cómo deben ser esas reglas, y en que momento es necesario que
se transformen en leyes positivas es algo que iremos comentando en apartados
subsiguientes.
Aunque interesante, este concepto no parece lo suficientemente fino como para permitir la construcción de una normativa del ciberespacio, por varias razones:
En primer lugar, peca de idealista, pues se está suponiendo la
existencia de comunidades virtuales sin ningún contacto con la realidad
de nuestro mundo. Así, los ciudadanos del experimento de Reingold
"Electric Minds" se reunen en zonas de chat y hablan de mecánica
cuántica, arte en la red o de cómo configurar la tarjeta
de sonido, sin que al parecer les preocupe demasiado el mundo exterior.
Desde luego, nos encontramos ante una simplificación: opinar
de según qué temas puede tener consecuencias importantes
en el mundo real, tanto para nosotros como para otras personas; ciertas
opiniones pueden acabar siendo también delitos tipificados, como
injurias o libelo; todos los gobiernos totalitarios supervisan constantemente
la Red para asegurarse de que para sus súbditos, la información
no es ni mucho menos libre.
En segundo lugar, aunque no negamos la existencia de personas para las cuáles la Red es su máximo punto de actividad y expresión, lo cierto es que la mayoría de nosotros tenemos el espacio físico como zona principal para este tipo de tareas. Sería muy triste que Internet sólo nos permita hablar del sexo de los ángeles con nuestros amigos, mientras en nuestro mundo hay injusticia y desigualdades que podrían remediarse desde la mayor colaboración ciudadana.
Seguidamente, podríamos hablar de Internet como instrumento técnico para la democracia. Esta visión ve a Internet básicamente como una forma de abaratar los costos de una elección, sustituyendo urnas por votaciones electrónicas mediante un sistema anti-fraude de firmas digitales; un instrumento de alta tecnología que facilita la confección y envío de la declaración de la renta, la recepción de información oficial o la gestión de las multas de tráfico.
De nuevo, no hay nada que objetar en principio a esta concepción, pero nos gustaría indicar un par de cosas:
Finalmente, podemos ver a la Red como un sistema de participación
democrática en todos los niveles. Es decir, la necesidad de potenciar
una Red libre en el primer sentido de democracia virtual, en la que "la
información es libre", pero en la que también es posible
hablar de temas de clara importancia social en el mundo real y, especialmente,
un sistema en el que el usuario o usuaria de la Red tiene consciencia de
que sus opiniones virtuales tienen efecto en el mundo real. Es decir, un
sistema en el que los políticos se comprometen a escuchar a los
ciudadanos, en calidad de representantes suyos, cumplir en la medida de
lo posible las expectativas de todos. Sin embargo, a diferencia del segundo
sentido que comentábamos de democracia, esta participación
no se pone de manifiesto sólo cada cuatro años, cuando se
va a las urnas, sino en todo momento, ofreciendo canales virtuales con
los que los ciudadanos puedan presentar su opinión, repulsa, queja,
denuncia, etc. siempre que lo necesiten o consideren oportuno.
c es básicamente un problema interno del sistema político
español, y FrEE se declara poco ducha en la temática como
para aportar soluciones interesantes. Lo mismo podemos decir de b, aunque
en este caso lo ideal sería que el Senado recurriera a expertos
en tecnologías de la información para estudiar el diseño
general de este tipo de sistemas. Sin embargo, como organización
preocupada por el mantenimiento de los derechos civiles en Internet, consideramos
que sí podemos hacer alguna aportación al punto a.
Teóricos de la democracia, como John Ralws y su Theory of Justice
o Andrea Dworkin con What is Equality han insistido en la importancia de
la justicia y la igualdad para entender la democracia, y más específicamente,
han indicado tres aspectos clave para caracterizar una sociedad como justa.
Esos tres aspectos son: el respeto a las libertades básicas, la
igualdad ante los azares sociales y la igualdad ante los azares naturales.
Sin ánimo de seguir al pie de la letra las observaciones de estos
dos filósofos, hemos considerado de interés describir cómo
el seguimiento de estos principios es indispensable para tener una sociedad
realmente participativa en una Internet democrática.
Además de argumentos teóricos, legimitadores, y que resultaría ocioso repetir aquí, existen también argumentos prácticos: un ciudadano no va a presentar sus verdaderas opiniones sobre un tema en un foro si considera que sus derechos básicos de libertad de expresión e información no son respetados. ¿A santo de qué argumentar o defender posiciones en un lugar así? Siguiendo las ideas de la ética comunicativa de Habermas, podríamos decir que un sistema así incurre en contradicciones performativas, al sostener cosas que no se corresponden luego con la práctica real.
Los ciberderechos, sin duda, han de limitarse, cuando estos entran en conflicto con otras libertades igualmente importantes de otros ciudadanos. Sin embargo, a la hora de regular estos derechos es básico no olvidar una serie de principios clave. Comentarlos en detalle sería imposible en este breve escrito, y de hecho hacerlo en detalle es misión de juristas y políticos, pero creemos que no está de más apuntar algunas cosas.
a) Muchas veces los ciberderechos no son exactamente iguales a sus contrapartes en el mundo real.
Nuestro derecho a la intimidad, a la propia identidad o a defendernos del libelo fueron ideados para sociedades en las que no existían las redes telemáticas, y por ello no siempre es una buena fórmula trasladarlos literalmente a un código legal para legislar la Red.
Un primer ejemplo es el libelo. En un principio las leyes que nos protegen estaban pensadas para defender al usuario anónimo de un ataque desde una importante corporación editorial, contra la cual no tenía medios. Así, si un medio de comunicación afirma que el presidente de FrEE es en realidad un agente a sueldo de Microsoft y ello no es cierto, el presidente de una pequeña organización como FrEE no puede por sí mismo desmentir esa afirmación y por ello ha de recurrir a los tribunales. Sin embargo, actualmente estamos contemplando la situación inversa: grandes corporaciones, con enorme poder para refutar automáticamente cualquier acusación falsa se querellan contra anónimos usuarios de páginas web que no tienen ninguna de las características de un medio para la comunicación de masas. Así, es necesario regular el libelo, pero pensando que publicar en una página web no es exactamente lo mismo a publicar algo en un periódico.
Otro ejemplo importante es la suplantación de identidad, que en el mundo informático es un término que ya ha perdido todo su significado. Así, hackers que se han conectado en una máquina ajena utilizando el nombre de usuario y la contraseña de otra persona son acusados por la policía española de "suplantar la personalidad". Si se repasa con detalle el código penal, es fácil ver que el único parecido entre este acto y una suplantación de personalidad es puramente formal y que este tipo de prácticas deberían estar bajo el epígrafe de "entrada ilegal en un ordenador ajeno", pero nunca como "suplantación de la personalidad".
b) No existen los "delitos informáticos" per se.
Quizás debido a una obsesión periodística en los inicios del boom de Internet, existe una confusión común sobre el tema de los delitos informáticos, como si estos fueran un nuevo tipo de delitos para los que los jueces no tuvieran ningún tipo de instrumental y así flagrantes actos criminales acabaran sin castigo.
En realidad ello no es así, ni mucho menos. La inmensa mayoría de los delitos informáticos que causan alarma social no son más que traslaciones de delitos "normales" a un nuevo medio: así, existe una legislación clara que evita los actos de estafa, espionaje, violación de privacidad o injurias, ya sea fuera o dentro de la Red. Quizás puedan haber agujeros legales por los que no se haya tenido en cuenta que un determinado delito pueda cometerse también desde Internet, pero el delito como tal está perfectamente tipificado.
El único caso anómalo es el de irrupción ilegal en un ordenador, que no parece tener equivalentes legales claros en ninguna jurisprudencia y ha tenido que ser tipificado como delito diferente. Quizás el referente más cercano es el de violación de domicilio, y -en su caso- el ocasionamiento de daños, pero también es cierto que entrar ilegalmente en un ordenador es algo bastante diferente a entrar en casa de alguien sin permiso.
De todas formas, se trata de una excepción. Lo cierto es que no existen "delitos de la red" lo que hay son delitos de toda la vida, que también pueden practicarse desde nuevas tecnologías.
c) Los ciberderechos son importantes.
Cuando un sistema es nuevo, es fácil que no nos demos cuenta muchas veces de lo clave que pueden ser ciertos aspectos, al no estar familiarizados lo suficiente. Así, cuando el año pasado en nuestro país se distribuyeron consignas para llevar a cabo un mailbombing (envío masivo de correo electrónico a un servidor para provocar su caída) a un servidor americano que contenía páginas que supuestamente simpatizaban con ETA, millares de ciudadanos españoles se pusieron a la tarea sin ser conscientes de que lo que estaban haciendo era un acto de sabotaje, que causó graves daños económicos a los propietarios del servidor. Estamos convencidos de que esos mismos ciudadanos se habrían negado en redondo si la consigna hubiera sido pinchar las ruedas a los coches de los propietarios del servidor, o llamarles continuamente por teléfono a su casa en la madrugada. Desgraciadamente, una falta de familiarización con el medio permitió que miles de ciudadanos se pusieran a actuar como bárbaros electrónicos.
Asímismo, no es difícil pensar que agentes del orden, que nunca se pondrían a espiar la casa de alguien sin un requerimiento judicial, piensen que es "inofensivo" mirar de vez cuando el correo de ciudadanos a la búsqueda de "pistas". Así pues, es básico que todos los ciudadanos -y especialmente aquellos que tienen por mision velar por el orden vigente, ya sean policías, jueces o políticos- tomen consciencia clara de que no estamos ante manías extremistas de algunos, sino ante aspectos básicos de nuestra vida que no deben tratarse a la ligera.
d) Lo que es legal fuera de la Red, debería ser legal también en la Red.
Es un principio básico que un ciudadano no puede ser discriminado por el tipo de medio que use. Así, sin un periodista puede afirmar sin problemas ciertas cosas en su periódico, no debería estar justificado encarcelar a una persona por decir lo mismo en una página web. De la misma forma, si cierta información puede conseguirse de forma pública en una biblioteca o librería, no debería ser inaccesible en la Red.
Aquí entramos en una cuestión muy sensible, que es la
de los menores, para los cuales es razonable pedir cierto tipo de protección
de forma que no puedan acceder a cierta información problemática,
aunque los adultos puedan examinarla sin problemas. De todas formas, aquí
ya no tratamos de información ilegal, si no de información
nociva para menores, y el tipo de criterios que hemos de seguir han de
ser diferentes .
Es razonable pedir lo mismo para Internet. Es decir, si queremos que este instrumento se convierta en un constructor de una España más democrática, hemos de garantizar que sus posibilidades de acceso o uso no dependan de azares sociales.
Poco resta decir aquí, salvo que la única forma de lograrlo es esperando que el gobierno y agentes sociales de este país realicen una campaña importante en los aspectos educativos y tecnológicos, de forma que cualquiera pueda utilizar la Red y sacar provecho de ésta, y al mismo tiempo que no existan impedimentos económicos para tener acceso. Ello implica, desde luego, la creación de infraestructuras como conectar las escuelas a la Red, poner Internet en todas las bibliotecas públicas, garantizar el acceso en lugares recónditos, precios populares para las llamadas telefónicas locales, etc.
De todas formas, los gastos en infraestructuras tendrán poco
valor si no van acompañados por un gasto en educación, y
no sólo en los aspectos tecnológicos, sino también
en los usos sociales de la Red. Es necesario que el gobierno y los representantes
democráticos de los ciudadanos creen iniciativas de participación
ciudadana en los más variados temas, que generen interés
por la política, que se multipliquen las webs informativas donde
se analizen todo tipo de problemas sociales y económicos de forma
que puedan ser seguidos por público no especializado. Tenemos un
potencial enorme y aún queda mucho por hacer.
A la hora de hablar de Internet, las discapacidades físicas parece que pueden suplirse mediante el uso de equipos especiales en los que la asuencia de manos pueda sustituirse mediante algún sistema de control por la voz, las tetraplejias que impiden hasta el habla mediante un lector del movimiento de los ojos, etc. Sin embargo, si esos sistemas son caros, Internet está fuera del alcance de los discapacitados físicos, y por tanto es necesario algún compromiso social para que puedan adquirirlo.
La solución es más compleja si tenemos en cuenta discapacidades sensoriales, más específicamente la ceguera. Internet es un mundo en gran parte visual. Aunque sistemas de transmisión de sonido como el realaudio o el MP3 están cada vez más en boga, lo cierto es que el texto y las fotos fijas siguen siendo el menú principal de las redes telemáticas.
Sin embargo, hay formas sencillas mediante las cuales los invidentes pueden acceder a los contenidos de la Red. El más simple es el uso de conversores texto-habla que permiten oir mediante una voz computerizada un texto cualesquiera. Para que ello funcione, sin embargo, es necesario que se haga una versión solo texto de la página web de una forma muy específica, para que así pueda ser interpretado correctamente .
Nos parece de un alto interés que desde el gobierno se "predicara
con el ejemplo" haciendo versiones sólo texto de sus páginas
de forma que sean accesibles por cualquier persona ciega. También
sería interesante una campaña de concienciación de
forma que cada vez más usuarios sean conscientes de la importancia
de tener versiones adaptadas de sus páginas web para invidentes.